Durante los últimos 20 años la cadena productiva de Palma de Aceite fue uno de los sectores con mayor crecimiento en el país, pasando de producir 198 mil a 549 mil toneladas entre 1998 a 2018. Este crecimiento ha traído beneficios económicos y sociales al país; sin embargo, no ha estado libre de conflictos. Por ejemplo, el mapa de deforestación 2008-2014, muestra que el 3% de las áreas de bosque en el año 2008 pasaron a otros usos de suelo en 2014 y fueron ocupadas por cultivos de palma aceitera (MAE 2015).

En respuesta a este problema, el Plan de Acción REDD+ del Ecuador “Bosques para el Buen Vivir” (2016-2025) identifica iniciativas que promuevan la producción sostenible libre de deforestación. Por ejemplo, identificó la certificación de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés), como una herramienta que garantiza: que la producción de este cultivo respete los derechos laborales de las comunidades indígenas; que no se ocupen nuevas zonas de elevado valor medioambiental y que no se amenace la biodiversidad, por el contrario, promueve buenas prácticas agrícolas.

A nivel internacional, esta certificación, ha demostrado ser un instrumento efectivo para reducir los impactos negativos de esta cadena productiva. La RSPO es una organización sin fines de lucro compuesta por productores, procesadores, comerciantes de palma aceitera, fabricantes de bienes de consumo, minoristas, bancos e inversores y organizaciones no gubernamentales (ONG) medioambientales y sociales; que se han juntado para desarrollar e implementar estándares globales para el aceite de palma sostenible. En apoyo a este esfuerzo, se han generado compromisos a nivel país encabezados por el Gobierno y la empresa privada para conformar un mercado de palma sostenible. En la actualidad, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Holanda, Suecia e Italia encabezan la lista de países comprometidos con el consumo responsable de aceite de palma.

Una de las debilidades de la certificación es que al ser aplicada a nivel de plantación, su impacto siempre ha estado limitado por el alcance geográfico. De la misma manera, los beneficios de la certificación, como las mejoras en oportunidades de negocio, han estado reservadas a los productores que tienen la capacidad técnica y económica para cumplir los requerimientos de la misma, produciéndose dualidades de desarrollo.

En este contexto y para lograr que el impacto se maximice, se debe dejar de pensar en plantaciones y aumentar la escala a nivel de paisaje, es decir, a nivel regional. Por ejemplo, certificar una unidad política administrativa, teniendo un enfoque jurisdiccional, como puede ser una parroquia, cantón y/o provincia.

Este escenario implicaría que todas las producciones de palma aceitera dentro de una misma región cumplan con todos los requisitos de la certificación. Para hacer esto posible, sería necesario contar con el compromiso y el trabajo de todos los actores presentes: Gobierno, productores, empresas y sociedad civil. En la actualidad, RSPO está desarrollando un sistema que determina el conjunto de requisitos para que una jurisdicción certifique su producción de aceite de palma sostenible.

En un ejemplo práctico y alentador, el Ecuador está dando los primeros pasos para implementar la certificación RSPO a este nivel. A través de PROAmazonía, se está implementando una jurisdicción de producción de aceite de palma sostenible, certificado que abarca a toda la producción de palma aceitera de la Amazonía, contenida en las provincias de Orellana y Sucumbíos, con miras a replicar esto en el resto del país. Es importante trabajar en esta región debido a que contiene el 74% de los bosques naturales del país.  

El proceso de certificación se aplica de manera gradual y tiene cuatro etapas, que son:

Etapa 1 – La jurisdicción se compromete a certificarse y a formular una hoja de ruta con plazos determinados.

Etapa 2 – Cumplimiento parcial de hoja de ruta. Se debe desarrollar actividades de: planificación espacial, mapeo de altos valores de conservación (AVC) y de altos stocks de carbono (ASC), mapeo de productores y directrices de consentimiento libre, previo e informado.

Etapa 3 – Estructura de gobernanza para facilitar de manera transparente el comercio de aceite de palma sostenible y seguimiento a las actividades de etapas anteriores. Productores de la región realizan avances significativos hacia el cumplimiento de requisitos de RSPO.

Etapa 4 – La jurisdicción tiene un organismo de gobernanza en pleno funcionamiento y todos sus productores cumplen con las normas de RSPO.

Actualmente, Ecuador ya cumplió con la etapa uno de este proceso. Se anunció públicamente el compromiso de certificar toda la producción de Orellana y Sucumbíos y se conformó el Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Palma Sostenible (CISPS), con el que se formuló la hoja de ruta de los pasos a seguir para obtener la certificación.

En relación a la etapa dos, se ha realizado un 35% de avance respecto a las actividades en la hoja de ruta. Desde PROAmazonía, se ha apoyado a la construcción del plan de ordenamiento territorial de Orellana y Sucumbíos y  los planes de uso y gestión del suelo de los cantones productores de palma aceitera.

PROAmazonía ha apoyado también, el desarrollo del primer mapeo de probabilidad de presencia de altos valores de conservación (AVC) y de altos stocks de carbono (ASC). El cual, servirá como base para la identificación, manejo y monitoreo de los AVC y a ASC en las regiones productoras. Existe además un 15% de avance en el mapeo de fincas que culminará en los próximos meses, cuando finalice la emergencia Sanitaria a causa del COVID-19.

Se espera cumplir con la etapa dos durante el presente año y continuar con las etapas tres y cuatro durante el 2021, con el objetivo de alcanzar la certificación a inicios del 2022. En el marco de PROAmazonía buscamos alcanzar 11.936 hectáreas de palma aceitera certificadas, bajo el enfoque jurisdiccional y que esta cadena productiva se comprometa con la conservación de los bosques.