PROAmazonía en colaboración al Ministerio del Ambiente y Agua, al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las organizaciones de productores, participó en el desarrollo de la propuesta  de  Ley de Palma Aceitera. Este instrumento promueve el desarrollo sostenible de la cadena y fue aprobado el 2 de junio de 2020 por la Asamblea Nacional. 

La palma aceitera en Ecuador ha sido caracterizada por ser una cadena productiva creciente, estable y exitosa; sin embargo, esta realidad se ha visto afectada en los últimos años.  

Entre 1993 y 2017, el sector pasó de producir 153 mil toneladas de aceite de palma, destinadas exclusivamente a cubrir parcialmente la demanda nacional, a producir 555 mil toneladas, de las cuales 320 mil, fueron exportadas según información del Banco Central del Ecuador. A partir de este momento la tendencia cambió, el año pasado, por ejemplo, las exportaciones de aceite de palma alcanzaron las 216 mil toneladas. Esta reducción representó una pérdida de ingresos por exportaciones de más de 74 millones de dólares.  Teniendo en cuenta que, en el 2017, el promedio de producción de aceite por hectárea fue de 2,2 toneladas, este cambio implica una pérdida de más de 47 mil hectáreas de cultivo, que representan una inversión de más de 200 millones de dólares. 

Las causas para esto son varias y complejas, pero entre estas destacan la variabilidad del precio del aceite de palma a nivel internacional, el aumento de costos de producción a nivel local y grandes problemas fitosanitarios, como la Pudrición del Cogollo, enfermedad catastrófica que afecta al 57% de las plantaciones a nivel nacional.  

La Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados, nace como una respuesta integral a esta dinámica negativa. Esta ley busca regular, promover, incentivar y estimular esta cadena productiva, bajo principios de legalidad, equidad, productividad, sostenibilidad, transparencia, soberanía, seguridad alimentaria; así como inclusión económica y social. 

La Ley de la Palma fue construida de manera participativa, tomando a consideración criterios de representantes del gobierno, sociedad civil y a este sector económico. PROAmazonía, brindó criterios técnicos para fortalecer los ámbitos productivos, comerciales, sociales y ambientales del documento, procurando que este constituya un instrumento, que sirva de base, para el desarrollo sostenible del cultivo. Asimismo, PROAmazonía fue un catalizador de consensos entre los distintos eslabones de la cadena productiva. 

Al igual que toda ley de fomento agropecuario, este instrumento habla de criterios técnicos como productividad, material genético de calidad, fitosanidad, investigación, y acceso a riego y drenaje, todos enfocados a solucionar problemas que afectan en el día a día al productor.  

Pero, además de esto, toma la sostenibilidad como principio básico, y evita medidas tradicionales que le restan competitividad a la cadena de valor y propone nuevos esquemas y/o mecanismos innovadores para mejorar la comercialización, invertir de manera segura y diversificar mercados. 

La ley implementa medidas que fomentan relaciones comerciales equitativas, transparentes y sostenibles en el tiempo; establece criterios para el diseño de créditos adaptados a la realidad del cultivo y del productor, entrega a los actores de la cadena, la responsabilidad de generar la información necesaria para una planificación futura del sector. 

Este instrumento norma la protección del medio ambiente en todos los eslabones del de esta cadena productiva y pone al Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible – CISPS como una de las entidades a cargo de la coordinación de actividades de investigación y el desarrollo de la política nacional respecto a la producción de biodiesel. Asimismo, es la primera ley de desarrollo agropecuario que menciona: el respeto a territorios ancestrales, protección de fuentes agua para consumo humano y de sanciones a quienes no respeten la zonificación agroecológica del cultivo, la cual tendrá como base la conservación de bosques, zonas de protección hídrica y ecosistemas naturales. Es la primera ley que dicta que un sector productivo, deberá generar una hoja de ruta, para la obtención de certificaciones de sostenibilidad. 

Al ser una ley tan ambiciosa, su implementación plantea varios retos. Para que el objeto de la misma se cumpla, será necesario el trabajo coordinado entre varias instituciones del estado (MAAE, MAG, MPCEIP, entre otros), a las que deberá sumarse el esfuerzo permanente de los más de 6.500 actores de la cadena productiva. PROAmazonía apoyará a sus socios en este camino, los retos son grandes, pero es más grande el deseo de fortalecer la sostenibilidad de un sector, del que día a día dependen, más de 120 mil familias.

Autor: Santiago Rosero 

Técnico en Palma Sostenible de PROAmazonía