El cambio climático es una prioridad y tema clave en las relaciones estratégicas a nivel global, , particularmente en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio Climático (CMNUCC). A medida que la comunidad internacional se sensibiliza más por los efectos del cambio climático, se presta más atención sobre los recursos financieros que son necesarios para ayudar a países en vías de desarrollo a mitigarlos y adaptarse. Dichos recursos, en el marco de la arquitectura financiera[1] internacional, son categorizados como finanzas climáticas y su gobernanza y distribución tienen implicaciones directas sobre la calidad ambiental planetaria y en conjunto a los derechos humanos.

¿Cuál es entonces la relación entre arquitectura financiera y el financiamiento climático? En el marco de las negociaciones de cambio climático, se han desarrollado estructuras financieras que propenden generar una gobernanza y distribución de los recursos que los Estados se han comprometido a priorizar y colocar para la acción climática. Al mismo tiempo, los Estados deberían generar estructuras internas que les permitan conectarse y dialogar con esa arquitectura externa.

No existe un acuerdo global del término “financiamiento climático”, pero se perfilaría como recursos financieros que se movilizan, a través de una arquitectura financiera, para ayudar a países en desarrollo a mitigar y adaptarse ante los impactos del cambio climático y que parten de los compromisos de financiamiento de los países desarrollados en el marco de la CMNUCC. Por ejemplo, en el apoyo a dicha gobernanza y distribución de recursos, se estructuró el Fondo Verde para el Clima (FVC), sin ser el único mecanismo financiero, esta institución fue creada en el 2010, con el fin de apoyar a los esfuerzos para limitar o reducir emisiones y ayudar a países en desarrollo en sus acciones de adaptación (GCF, 2015).

En el Acuerdo de Copenhague de 2009 (Decisión de Cancún y la Plataforma de Durban), los países desarrollados se comprometieron a contribuir cerca de USD 30.000 millones entre 2010 y 2012.En ell Acuerdo de París en 2016, se insistió en que los países desarrollados deben movilizar recursos para financiar acciones a favor del clima “a partir de una gran variedad de fuentes, instrumentos y cauces” en “una progresión con respecto a los esfuerzos anteriores”, con la consiguiente decisión de la Conferencia de las Partes de establecer una meta colectiva de un mínimo de USD 100.000 millones al 2025 (Nakhooda et. al., 2016).

 

Fotografía: Giovanny Cevallos – Unidad de Comunicación
Descripción: Actividades de restauración forestal en Archidona, provincia de Napo.

 

Es importante acotar que el acceso a dicho financiamiento climático es complejo, requiriendo un fortalecimiento de capacidades nacionales y subnacionales y la estructuración de una arquitectura especializada y una definición clara de prioridades y necesidades a nivel nacional. El reto para el Ecuador es contar con estructuras institucionales que: por un lado comprenden la dinámica financiera local y global; están sensibilizadas respecto a cambio climático; y  administran correctamente los recursos financieros disponibles para combatir los efectos adversos del clima.

Nuestro país, va abriendo paso hacia el desarrollo de una arquitectura financiera homologada y clara. Esta buscala inclusión de criterios sostenibles en diferentes segmentos financieros, como la estructuración de instrumentos financieros y fideicomisos; entre los que se destacan los Fondos de Agua, Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS), acciones de la banca comercial y pública para la adopción de sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales en su giros de negocio, desarrollo de productos crediticios sostenibles la emisión de bonos verdes (BVQ, 2019), entre otros

Con el objetivo de delinear dicha arquitectura, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica está preparando al Ecuador para mejorar sus potencialidades en el acceso al Financiamiento Climático y a través de PROAmazonía, programa del Gobierno Nacional con apoyo de PNUD, realizó estudios para identificar, de una serie de instituciones financieras públicas, aquella que brindaba mejores condiciones para acreditarse ante el FVC _ la Corporación Financiera Nacional (CFN) fue la mejor puntuada -.Además visibilizó las brechas con su respectivo plan de acción, para completarlas/subsanarlas y, así, poder alcanzar sin problemas la mencionada acreditación. El proceso está en marcha y los arreglos institucionales se están llevando a cabo para alcanzar dicho objetivo al corto plazo.

Fotografía: Giovanny Cevallos – Unidad de Comunicación
Descripción: Actividades de restauración forestal en Archidona, provincia de Napo.

¿Por qué es importante para el Ecuador contar con una institución financiera acreditada ante el FVC?

El FVC se vincula con los países que receptan el financiamiento a través de las Autoridades Nacionales Designadas, en otros casos, con los Puntos Focales y entidades designadas por cada Estado. Al mismo tiempo, el Fondo acredita a instituciones nacionales, regionales o internacionales para que estás direcciones o canalicen recursos económicos mediante la presentación y/o ejecución de propuestas para la acción climática, a estas se les denomina Entidades Acreditadas.

El poder contar con una Entidad Nacional Acreditada (ENA) tiene gran importancia para Ecuador. Las razones son: el fortalecimiento de instituciones financieras públicas para acceder a fuentes de financiamiento específicas o más especializadas; la ENA estaría mejor preparada para acceder a otras fuentes de financiamiento disponibles para la acción climática (banca internacional, banca multilateral, fondos, etc.);  desarrollo de propuestas y productos de una ENA estaría mejor adaptada a la realidad nacional y a las dinámicas climáticas propias de la localidad. Por otro lado, la dependencia de Entidades Acreditadas Internacionales o regionales se vería sustancialmente reducida; se podría reducir sensiblemente los costos de transacción, evitando la reducción de liquidez y permitiendo mejorar inversiones; al disponer  de una ENA se amplía el abanico de receptores locales de recursos para la acción climática y el fortalecimiento institucional de los mismos; l la ENA, podría estructurarse como banca de segundo piso permitiendo de esta forma que otras instituciones financieras públicas o aquellas de la economía popular y solidaria se beneficien de recursos para la acción climática y, por último, ENA podrá administrar y gestionar los recursos, a través de un Fondo Nacional, direccionados al Plan de Acción REDD+[2] (MAATE, 2016).

Bibliografía

• BVQ. (Noviembre de 2019). Bolsa de Valores de Quito. Obtenido de https://www.bolsadequito.com/index.php/noticias-2/479-ecuador-se-estrena-con-bonos-verdes-por-200-millones
• GCF. (2015). GCF. Obtenido de Green Climate Fund: https://www.greenclimate.fund/
• IMF. (30 de Septiembre de 2016). Fondo Monetario Internacional, Comunicado de Prensa No. 16/440. Obtenido de El FMI adopta una nueva cesta del DEG que incluye el renminbi chino y determina las nuevas cantidades de cada moneda: https://www.imf.org/es/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-Chinese-Renminbi
• MAATE. (23 de Noviembre de 2016). Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Obtenido de Plan de Acción REDD+: https://www.ambiente.gob.ec/el-ministerio-del-ambiente-presento-plan-de-accion-redd-bosques-para-el-buen-vivir-la-estrategia-nacional-para-la-conservacion-de-los-bosques/

 

Autor: Jorge O. Vargas, Especialista Técnico en Financiamiento Climático y Créditos Verdes para REDD+Unidad de Financiamiento REDD+, PROAmazonía.

[1] Las instituciones y normativas que rigen las relaciones monetarias y financieras a escala internacional. (Warren, 2019)

[2] El objetivo general del Plan de Acción REDD+ es contribuir a los esfuerzos nacionales para la reducción de la deforestación y degradación de los bosques a través de la conservación, manejo forestal sostenible, y la optimización de otros usos de suelo para reducir la presión sobre los bosques, aportando de esta forma a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero-GEI. (MAATE, 2016)